Teruel Existe pide mejoras en los PGE para la Guardia Civil en el medio rural, junto a senadores canarios, cántabros y navarros

Más efectivos, complemento de territorialidad, mejores instalaciones y apoyo contra la Violencia de Género centran sus demandas. También solicitan impulsar la instalación de cajeros en núcleos rurales sin oficinas bancarias.

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 sigue su proceso en el Senado. Teruel Existe ha llegado a acuerdos con las formaciones políticas  Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Partido Regionalista de Cantabria,  para presentar de manera conjunta tres enmiendas de adición relativas a mejorar los salarios, efectivos y actuaciones de la Guardia Civil. También han consensuado con cántabros y navarros una cuarta enmienda, en este caso de modificación, para cajeros multientidad. 

Mayor dotación para la Guardia Civil en el medio rural

A través de una enmienda de adición, solicitan el incremento del 10% de las cuantías recogidas en tres capítulos relativos al presupuesto destinado a la Guardia Civil, para atender la demanda de personal en el medio rural, para aumentar la disposición presupuestaria para gasto corriente así como para acometer en mayor medida las inversiones destinadas a la mejora de las instalaciones de la Guardia Civil en este mismo ámbito.

Una segunda  enmienda pide que los agentes de la Guardia Civil con destino en puestos considerados de difícil cobertura, como son las zonas rurales con baja densidad de población, áreas de montaña y otras zonas ultra periféricas, perciban el complemento R3 de territorialidad que tienen reconocido y perciben los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. 

La tercera enmienda propone la adición de un nuevo punto en el Artículo 46 del Real Decreto que regula el pase de agentes a la situación de reserva, que establezca que los agentes de la Guardia Civil en situación de reserva puedan realizar tareas administrativas, así como efectuar labores de control o seguimiento de víctimas protegidas de Violencia de Género. En su argumentación inciden en que esta medida no deberá suponer, “en ningún caso, una merma de la plantilla orgánica de ese puesto” sino que se deberá “ocupar la plaza orgánica que se deja libre”. 

Cajeros multientidad en los pueblos frente a la exclusión financiera

Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria y Unión del Pueblo Navarro han presentado en el Senado, al igual que ya solicitaron el año pasado para los presupuestos de 2021,  una enmienda de modificación al proyecto de Presupuestos para 2022 con la que proponen destinar cinco millones de euros a ayudas para la instalación de cajeros automáticos en poblaciones del medio rural de menos de 500 habitantes afectadas por la exclusión financiera. Para Teruel Existe, “la disminución de servicios bancarios en el medio rural está generando una nueva brecha en la prestación de servicios básicos, donde las zonas de menor densidad vuelven a ser las peor paradas, al perder sucursales bancarias reduciendo su capacidad de acceso al efectivo y otras gestiones bancarias”. Recuerdan que el Senado aprobó en septiembre de 2020 una moción relativa a la exclusión de los servicios financieros en el ámbito rural, que contaba con dos enmiendas de Teruel Existe, por las que se instó al Gobierno a  realizar  “un plan de desarrollo  y despliegue de redes de cajeros multientidad en las zonas en las que no haya oficinas bancarias, sin que ello suponga un sobrecoste por operación para los usuarios”.  

Señalan que desde entonces algunas Comunidades Autónomas han tomado la iniciativa de poner en marcha cajeros multientidad, mientras que otras han firmado convenios con la Sociedad Estatal Correos para que sus oficinas alberguen cajeros, “pero que no acaban de suplir la carencia en servicios ni la exclusión financiera en localidades donde no hay ni oficinas bancarias ni oficinas de Correos, como sucede en gran parte de la provincia de Teruel o en muchas de la España Vaciada”. 

La enmienda de adición es planteada por Teruel Existe desde el convencimiento de que “las medidas políticas como ésta, destinadas a revertir la despoblación, no representan un coste social más a lomos de la Hacienda Pública, sino que son una oportunidad para potenciar uno de los recursos básicos de todos los estados, como es el territorio habitado, e incrementar la riqueza general de un país, así como también se trata de una obligada cuestión de igualdad en la prestación de servicios para los ciudadanos”. 
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