El PP exige al Gobierno de Aragón que reconvierta las ocho ambulancias de Teruel en vehículos de Soporte Vital Básico

TERUEL, 22 (EUROPA PRESS)

El PP ha reclamado al Gobierno de Aragón que reconvierta las ocho ambulancias que quiere recortar en la provincia turolense en vehículos de Soporte Vital Básico, una petición que va a defender este miércoles en la sesión plenaria ordinaria de la Diputación de Teruel.

En una nota de prensa, este partido ha manifestado que las líneas maestras del nuevo pliego de licitación del transporte sanitario urgente en Aragón contienen “un nuevo recorte” en la atención y servicios públicos de la provincia.

De cumplirse las intenciones iniciales del Ejecutivo autonómico, Teruel vería eliminadas las ocho ambulancias convencionales que actualmente están localizadas en Muniesa, Orihuela del Tremedal, Sarrión, Perales del Alfambra, Mas de las Matas, Cella, Alcorisa y Mosqueruela, han apuntado los ‘populares’.

Han añadido que ante esta situación “la reacción no se ha hecho esperar” y una amplia representación de la sociedad turolense, los propios profesionales sanitarios y también el Partido Popular, “como líder de la oposición”, han comenzado una campaña de recogida de firmas para mostrar “el más absoluto rechazo ante los planes del Gobierno de Aragón”.

A esta iniciativa se ha sumado la presentación de mociones en ayuntamientos, comarcas y la Diputación Provincial de Teruel (DPT) para revertir esa situación y evitar un “nuevo mazazo al día a día de los habitantes del territorio”, ha apuntado esta formación política.

PROPUESTA

El Grupo Popular en la institución provincial ha registrado una propuesta para su debate en el pleno de este miércoles en la que solicitan al Gobierno de Aragón que reconvierta las ocho ambulancias convencionales que en estos momentos siguen prestando su servicio en Teruel, en vehículos de tipología Soporte Vital Básico, una medida que supondría un desembolso de 400.000 euros.

El portavoz del PP en la DPT, Carlos Boné, ha puesto de manifiesto que la medida anunciada por parte del Ejecutivo autonómico pone en evidencia el “recorte masivo” que han aplicado al presupuesto de Sanidad para 2022, cifrado en 84 millones de euros.

“Se les llena constantemente la boca hablando de su conciencia social y de su preocupación por los servicios públicos, pero, en plena ola de COVID y ante una situación todavía incierta, decidieron reducir drásticamente las cuentas del Departamento”, ha sostenido.

Esa decisión ya criticada por el Partido Popular, supone para Boné “el inicio de un problema que no tenían los turolenses hace semanas”. “En lugar de avanzar para mejorar la atención sanitaria en el medio rural, han optado por empeorarla y asestar un golpe letal a todas esas personas que solo pretenden tener seguridad para poder vivir en su municipio sin miedo a que, ante una urgencia, se vean desasistidas”, ha dicho.

“Hoy los turolenses están peor que hace unas semanas y es debido a la política sanitaria del Gobierno de Aragón”, ha agregado, para comentar que puesto que se trata en un asunto “trascendental” para el día a día de los ciudadanos es preciso que el resto de fuerzas políticas con representación en la DPT respalen “sin fisuras” esta propuesta porque “está en juego la salud de todos los turolenses”. “No se trata de política, sino del futuro y el bienestar de todos los ciudadanos”, ha sentenciado.

“TENEMOS DERECHO A VIVIR DONDE QUERAMOS”

El PP ha esgrimido que la lucha contra la despoblación exige “pasar de las palabras a los hechos” y demostrar con medidas que se apoya esa reivindicación que tienen los territorios despoblados como Teruel.

El portavoz de los ‘populares’ turolense ha reclamado, en este sentido, que las actuaciones del Gobierno de Aragón “vayan en consonancia con la supuesta preocupación que tienen por ayudar al medio rural y a los pequeños municipios”.

“Tenemos derecho a vivir donde queramos”, ha resumido gráficamente, al tiempo que ha lamentado que medidas como el pliego del nuevo servicio del transporte sanitario urgente en Aragón “impide” que esa demanda “legítima” pueda cumplirse. “Así es muy difícil que las personas puedan residir en los pueblos si en ellos sobresale el sentimiento de desamparo por parte de las administraciones públicas”, ha recalcado.