El PP en Teruel solicita al Gobierno de España la no revisión del delito de sedición

TERUEL, 22 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teruel ha presentado para su debate en el próximo pleno una propuesta instando al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y al conjunto del Ejecutivo central “a no llevar a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga rebajar el delito de sedición y a cumplir, acatar y respetar la Constitución Española”.

El PP ha recordado que la Constitución de 1978 fue aprobada de forma mayoritaria por los españoles, en la que “no tienen cabida ni la sedición ni los referéndum ilegales”.

De forma especial, el PP ha reclamado ratificar el artículo 2 de la misma según el cual “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas”.

Para los populares turolenses, con el anuncio de la reforma del delito de sedición, el Gobierno de España retoma un “peligroso” precedente que es el de “ceder, de manera constante y permanente, a las pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios, aunque con ello no solo socaven los principios y fundamentos del Estado de Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la independencia del poder judicial”.

Además, de llevarse a cabo esta reforma, el Gobierno de España estaría participando activamente en el “descrédito y el menoscabo” de dos instituciones fundamentales del Estado, como son las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, beneficiando política y judicialmente a quienes en su día “trataron de atentar” contra la integridad territorial y el orden constitucional de España, han argumentado desde el grupo municipal popular.

Ante estas circunstancias, el PP ha estimado que es tiempo de solicitar el Gobierno de España y a su presidente que ejerzan “lealmente” las funciones que tienen encomendadas, actúen en defensa del Estado y de sus instituciones y, por tanto, “no cedan ante las pretensiones de quienes, amparados en la ley, han hecho y hacen todo lo posible por menoscabarla”.

Los intereses generales de la nación y de los españoles –ha enfatizado el PP– deben prevalecer siempre, incluso por encima de los intereses particulares del Gobierno o de quien ostente su presidencia”.