El Movimiento ciudadano de Teruel Existe ha analizado los datos públicos de expedientes de proyectos de centrales de renovables y ha constatado que en el año 2022 el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental dio el visto bueno al 96% de los mismos. Son cifras que contrastan con los porcentajes publicados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que ha rechazado el 29% de los proyectos a nivel estatal que tenían en trámite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) antes del pasado 25 de enero. En rueda de prensa, Mariano Tomás y Ainhoa Gascón denunciaron que esta situación denota un nulo control ambiental por parte de este organismo, que “últimamente y especialmente tras la privatización del servicio de tramitación de expedientes, ha perdido su independencia, imparcialidad y rigor”. Afirmaron que “el INAGA está incumpliendo abiertamente la legislación de evaluación ambiental respecto a los proyectos que se presentan, tanto en fondo como en forma”. Por estos motivos, pidieron la paralización de expedientes en vigor y la revisión de los del último año, hasta que no se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas por el INAGA. así como la dimisión del director del INAGA, Jesús Lobera, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona.
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