TERUEL, 12 (EUROPA PRESS)
Agentes de Protección de la Naturaleza (APN)) del Gobierno de Aragón han impedido la extracción ilegal de ejemplares de Sabina rastrera –‘Juniperus Sabina’– y Pino silvestre –‘Pinus Sylvestris’– en amplias zonas de las comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo, utilizados para su comercialización como bonsáis.
Un grupo de varias personas con numerosos ejemplares recién extraídos y depositados en un furgón de gran tamaño, fue sorprendido en diciembre, sin ningún tipo de autorización administrativa por estos agentes en las zonas citadas de la provincia turolense, según han indicado desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Además, en otro monte próximo se localizó un gran acopio de ejemplares de Sabina rastrera, así como la herramienta utilizada para su extracción, preparado para cargar a la llegada del vehículo. En las inmediaciones se observaron plantas sin terminar de arrancar que fueron desechadas, impidiendo su supervivencia.
Como resultado de esta actuación, fruto de un operativo conjunto de vigilancia de varios meses, fueron denunciados los responsables de la actividad y los ejemplares incautados, trasladados al Vivero Forestal que el Gobierno de Aragón posee en la localidad de Santa Eulalia, para intentar su recuperación.
La zona afectada está incluida en la Red Natura 2000, así como declarada Hábitat de Interés Comunitario por la UE, debido a la singularidad del hábitat y su alto valor ecológico. Este tipo de plantas, que son extraídas del monte con cepellón y, trasplantadas en macetas apropiadas, son vendidas como bonsáis a centros de jardinería, viveros especializados, o a aficionados, que en muchas ocasiones desconocen su procedencia ilegal.
Por este motivo, los Agentes de Protección de la Naturaleza recuerdan que toda planta adquirida en un vivero debe poseer su pasaporte fitosanitario y documentos que certifiquen su procedencia.
Algunos municipios de la zona tienen autorizado el aprovechamiento de plantas ornamentales, en número muy limitado, y siempre bajo la supervisión de los APN, quienes precintan cada ejemplar individualmente para su certificación. La extracción ilegal supone, por tanto, un daño económico importante para las localidades afectadas.
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